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Los Protegidos Temporales en Panamá
Hacemos un llamado a las instancias públicas, privadas e internacionales, para volver la mirada a las familias “PTH”, y dentro de las múltiples necesidades, se resuelva su status legal, que le permita circular libremente, trabajar, y así puedan tener acceso a los derechos básicos reconocidos en las leyes panameñas, a favor de nacionales y extranjeros.
La población –indígena, afrodescendientes y mestiza- bajo Estatuto Humanitario Provisional de Protección, no son migrantes, ni son refugiados; el Decreto 23 de 1998, se refiere a una protección provisional de dos meses prorrogables, ellos llegaron desde 1999 a 2003, lo que equivale decir que la temporalidad se ha extendido a más de 10 años.
Ubicados en las comunidades fronterizas de Jaqué, La Palma, Boca de Cupe, Yape, El Real, los conocidos PTH viven en la incertidumbre. El monitoreo de organizaciones de Derechos humanos ha contribuido que los hijos, sean recibidos en las escuelas básicas, tengan atenciones básicas de salud; pero no pueden salir de las comunidades donde están confinados, sin la autorización que deben expedir las autoridades de salud, migración, refugio y la policía nacional.
La situación descrita se encuentra ampliamente documentada por entidades públicas y civiles, existen compromisos públicos y binacionales, para dictar una norma que legalice la estadía de estas personas en Panamá, lo que beneficiaría a niños, niñas y adolescentes, constituye cerca del 50% de esta población, muchos de ellos nacidos en Panamá.
Los Derechos Humanos, sin los cuales se atenta contra la vida y la dignidad de toda persona, es una obligación del Estado, y un derecho irrenunciable de toda persona; por lo que llamamos a la conciencia de las entidades públicas competentes, y organizaciones intergubernamentales para regularizar la situación de los protegidos humanitarios temporales.
Los derechos humanos son irrenunciables, nadie puede renunciar a sus derechos humanos, si lo hace carece de validez, y por tanto, este derecho no puede ser negado, violado ni desconocido por las instancias públicas. La situación actual de los PTH es clara violación de sus derechos que Panamá debe atender con urgencia en su política migratoria.
La situación de los refugiados en la ciudad de Panamá, requiere otras consideraciones, también urgentes, sin embargo la construcción de fronteras solidarias aportará hacia el reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos y del refugio en nuestro país.
La universidad Nacional, el SJR y entidades civiles y públicas que se dieron cita en el Coloquio sobre la “situación de los refugiados en Panamá, caso Jaqué y Puerto Piña”, realizado el 21 de julio de 2010, pudieron conocer la realidad de la población protegida temporal, ahora queda impulsar la legalización del status migratorio de esta población que durante años clama por sus derechos, su vida y su dignidad.