Día Internacional de Refugio (20 de Junio)
Miles de colombianos y colombianas son víctimas de la lucha armada en ese hermano país; la inseguridad y la violación de derechos básicos, especialmente de la población vulnerable es un hecho indiscutible; hablamos de personas de todas las edades que son forzadas a colaborar. El reclutamiento de menores para la lucha armada está ampliamente documentado. En América Latina, Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de desplazados internos.
El Servicio Jesuita a Refugiados - Panamá ha acompañado a la población Emberá, afro descendiente y mestiza, procedente en su mayoría, de los departamentos colombianos Chocó, Antioquia y Valle del Cauca. Huyen de la inseguridad y la persecución de grupos armados irregulares. Hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes de todas las etnias han tenido que dejar sus viviendas, fincas, pequeños negocios o trabajos. Viajan a Panamá por la cercanía geográfica o porque tienen familiares en este país.
Hasta el año 2003 Panamá realizó deportaciones involuntarias, lo que llevó a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos a decretar medidas cautelares a favor de los solicitantes de refugio en Panamá.
La política pública panameña se arraigó sobre presunciones, especialmente en perjuicio de poblaciones indígenas. Si no tienen documentos es porque son colombianos, si solicitan refugio es porque son colaboradores de grupos irregulares, si se dedican a actividades comerciales están surtiendo a los grupos armados, si buscan trabajar es porque son migrantes ilegales.
La población Emberá panameña y colombiana carece de documentos, sin embargo, como población fronteriza, tiene derecho a la movilización ancestral. La persecución es una razón más para brindarle protección internacional, considerando las dificultades que presentan por razones idiomáticas, culturales y natural timidez por la misma situación de exclusión que han tenido que soportar.
La población afrodescendiente afronta situaciones similares. La mayoría de ellos viven por más de cinco años bajo un estatuto humanitario temporal de protección, que los mantiene confinados en la frontera viviendo en condiciones cada vez más precarias, ya que carecen de permiso para poder trabajar, limitaciones de circulación y demás derechos conexos.
Este 20 de junio celebramos el Día Internacional del Refugio. Es una fecha que invita a reflexionar sobre el derecho de todas las personas a las cuales nos hemos referido. Hay principios reconocidos en nuestra legislación a favor de estas personas: no rechazo en la frontera, no sanción por ingreso ilegal o sin documentación, no discriminación, no devolución hacia el lugar de origen.
A mediado del año 2009 una familia colombiana de la etnia Emberá fue víctima de agresión física en Colombia, un miembro fue torturado por un grupo armado que le exigía delatar algo que él no sabía, fueron amenazados, ellos huyeron y solicitaron refugio en Panamá. Su petición fue rechazada en mayo de 2010, con el argumento de que “el peticionario no reúne los criterios establecidos en la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los Refugiados de 1951 y demás instrumentos jurídicos legales que regulan la materia”. Este solicitante fue detenido 15 días por el Servicio Nacional de Migración por el cargo de que “no había sido notificado” de la resolución de rechazo de la solicitud de refugio, la resolución evidentemente suscrita en ese mismo período de tiempo.
El Servicio Jesuita a Refugiado renueva el compromiso de la fe y la promoción de la justicia a favor estas personas vulnerables que nos ha tocado acompañar. Reconocemos la solidaridad cristiana de la población panameña que comparte su hogar o su alimento con el hermano o hermana refugiado/a, lo que nos recuerda a todos los cristianos la enseñanza bíblica que dice: “Vengan, benditos de mi padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver.” Mateo 25: 34-36.
El compromiso binacional de regularizar a la población colombiana, reiterado por el Presidente de la República, es una oportunidad para hacer justicia, revisar la política de refugio en Panamá. Estamos seguros de que las entidades intergubernamentales, de derecho humanos y humanitarias están anuentes a colaborar para atender a estas personas, sujetos de protección internacional.
Mientras permanece en el territorio panameño, la población refugiada aporta sus conocimientos y su trabajo; mantenerlos en la incertidumbre y viviendo de la caridad es una actitud anticristiana, antijurídica y contraria a los compromisos del Estado panameño.
Las autoridades panameñas del Servicio Nacional de Migración, la Oficina Nacional para la Atención a Refugiado, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, en síntesis el Gobierno Nacional, tiene la tarea urgente de atender a la población fronteriza de Darién, aceptar y coordinar políticas públicas, con medidas para garantizar la alimentación, el registro de nacimientos y documentos de identidad, el acceso a la educación, entre las diversas necesidades actuales.
Por las razones indicadas, es que hacemos voto para que este 20 de junio las entidades públicas, privadas y los organismos internacionales, vean con prioridad el tema de los refugiados en Panamá.
Panamá, junio de 2010.
Lic. José Mendoza Acosta
Director del SJR PANAMA